Este procedimiento representa un claro éxito en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad frente a valoraciones administrativas insuficientes.

El caso se inició tras una resolución administrativa que reconocía a nuestro cliente un grado de discapacidad del 27%, una cifra que no reflejaba la gravedad real de sus patologías y las severas limitaciones que estas le ocasionaban en su vida diaria.

Tras agotar la vía administrativa, se interpuso la correspondiente demanda ante la jurisdicción social. La estrategia procesal se centró en la presentación de un contundente informe pericial médico que, basado en un análisis exhaustivo de la historia clínica y una exploración detallada, justificaba un grado de discapacidad muy superior.

El resultado fue una sentencia plenamente estimatoria que dejó sin efecto la resolución de la Administración y reconoció al demandante el grado de discapacidad del 65% que se solicitaba. Este fallo no solo supuso un cambio sustancial para el cliente, sino que también reafirma la importancia de una defensa técnica y bien fundamentada para garantizar una valoración justa en sede judicial.

Una valoración justa de su grado de discapacidad es su derecho. Si considera que su resolución no se ajusta a su situación real, contáctenos para analizar su caso.